CÓDIGO PROCESAL PENAL
Colocan primer brazalete como medida de coerción

Listín Diario, Santo Domingo, 14 de enero 2008

A casi tres años después de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, en el que se incluyó el uso de un brazalete como medida de coerción a las personas que cometen delitos menores, el señor Sócrates de Jesús se convirtió este viernes en la primera persona a quien se le coloca este aparato para cumplir con lo dispuesto por un tribunal para impedir que se acerca a su ex mujer, que lo acusa de violencia intrafamiliar.

El fiscal Perfecto Acosta defendió esta formula al explicar que antes no se podía cumplir con la sentencia de prisión domiciliaria y de no acercamiento a las víctimas, porque se carecía de logística.

Por ejemplo, dijo, para monitorear una persona se necesitaban de al menos tres policías cada día, lo cual era imposible.

“El costo es cuatro dólares diario (128 pesos). Si tú notas, el arresto domiciliario es una medida de coerción que en los casi tres años del Código no se había puesto en funcionamiento porque no había cómo hacerlo, porque para vigilar a una persona en su casa habría que ponerse al menos tres policías en horario de ocho horas”, explicó el fiscal en su despacho.

En ese sentido, dijo que es materialmente imposible mantener a cada imputado un custodia, lo cual se puede hacer con estos brazaletes, que además evitarán que las cárceles estén llenas de presos preventivos.

No todos los sentenciados podrán usar este beneficio; solo serán incluidos los que estén acusados de estafa, violencia intrafamiliar, abuso de confianza, trabajo pagado y no realizado y amenazas, que no sea a un funcionario público y robos sin violencia.

Se excluyen casos graves, como el narcotráfico, homicidios y abuso sexual y se aplicará como coerción de tres meses.

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de esa provincia impuso la colocación de un dispositivo electrónico a Sócrates de Jesús, así como la presentación periódica por ante la Procuraduría Fiscal los días 30 de cada mes.

De Jesús es el primero de diez imputados que recibirán un dispositivo de esta naturaleza como medida de coerción en un plan piloto que desarrolla la Fiscalía de la provincia Santo Domingo conjuntamente con la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal, (Conaej), el Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia (Carmj) y la Procuraduría General de la República.